La presión sobre el short-term rental en España sigue aumentando. Según Skift, el país planea elevar los impuestos para el sector tras un anuncio realizado por el primer ministro, Pedro Sánchez. La propuesta busca alinear los tributos con las tasas impositivas comerciales.
Los cambios fiscales propuestos forman parte de un esfuerzo más amplio para abordar la escasez de vivienda y el alza en los alquileres en España. El anuncio de Sánchez tiene como objetivo aumentar los impuestos sobre el short-term rental para garantizar que estos paguen como empresas.
“No es justo que aquellos que tienen tres, cuatro o cinco apartamentos para alquiler a corto plazo paguen menos impuestos que los hoteles o los trabajadores”, afirmó Sánchez, según Reuters.
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La agencia informó que la propuesta se basaría en una nueva directiva de la Unión Europea sobre el impuesto al valor agregado para plataformas digitales. Actualmente, los hoteles españoles pagan un IVA reducido del 10%, una tasa que ya está incluida en sus tarifas. Sin embargo, las plataformas de alquiler a corto plazo, como Airbnb, están sujetas a una estructura fiscal diferente.
Sánchez también prometió endurecer las medidas contra el fraude en el sector del short-term rental, aunque no proporcionó detalles. El gobierno español inició el mes pasado una investigación sobre Airbnb por no haber eliminado miles de anuncios de alquiler sin licencia para uso turístico.
El primer ministro agregó que los propietarios en zonas con alquileres elevados que cumplan con un índice de precios oficial recibirán una exención total de impuestos sobre esa renta.
Restricciones en diferentes destinos
Varias ciudades españolas, incluidas Málaga y Barcelona, ya han implementado medidas para restringir o prohibir los alquileres a corto plazo, citando su impacto en la disponibilidad de viviendas.
El ayuntamiento de Málaga anunció en octubre pasado que prohibiría nuevos registros de alquileres a corto plazo en 43 barrios, mientras que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, informó en junio de 2024 que la ciudad prohibirá esta actividad hasta 2029.
Por su parte, las autoridades en Alicante aprobaron el mes pasado una moratoria de dos años para nuevas licencias de alquiler a corto plazo.
(*) Crédito de la foto: Pixabay
